Por Rafael Nakamura | Traducción: Lucas Bonolo
En la década de 1970, la apertura de las carreteras BR-316, que conecta Belém (PA) y Maceió (AL), y la BR-222, desde Marabá (PA) hasta Fortaleza (CE) – ambas cruzando el noroeste de la provincia de Maranhão – aumentó el flujo migratorio hacia la región donde se encuentran hoy las Tierras Indígenas (TI) Alto Turiaçu, Awá y Caru, además de la Reserva Biológica Gurupi. Después, en los ‘80, también el Ferrocarril Carajás cortó la región, trayendo trabajadores y colonos que luego se instalaron en la zona. Si, por un lado, el gobierno de Brasil alentaba a su política de desarrollo (una visión del desarrollo), por otro lado, debía asegurar mínimamente los derechos territoriales de los indígenas – este fue el lema de los militares que dictaban al país durante los años 1970-1980. Bajo tal contexto se produce el contacto con grupos Awa Guajá en aislamiento voluntario, y se produce también el reconocimiento territorial de otros pueblos de la región – los Ka’apor, los Tembé y los Guajajara. Durante el largo proceso de demarcación de la TI Awá, el área fue sistemáticamente devastada, trayendo todos los problemas que todavía hoy afectan a los grupos que decidieron permanecer en aislamiento voluntario.
Volvamos al año de 1961, cuando el gobierno de Jânio Quadros crea la Reserva Forestal Gurupi. El área propuesta se sobreponía a los territorios Guajajara, Urubu Ka’apor, Tembé y Guajá, y el Decreto 51026 de 25 de julio de 1961 explicitaba que “dentro del polígono constituyente de la Reserva Florestal van a ser respetadas las tierras del indígena, a fin de preservar las poblaciones aborígenes, de acuerdo al precepto constitucional y a la legislación específica en uso, así como los principios de protección y asistencia a los silvicultores, adoptados por el Servicio de Protección a los indígenas”. A finales de 1970, la situación cambia cuando se decide desmembrar la Reserva Forestal Gurupi en tierras indígenas. La demarcación de la TI Alto Turiaçu, al norte de la reserva, y de la TI Caru, al sur, deja un corredor de tierras no protegidas entre las dos zonas, justo el territorio de grupos Guajá en aislamiento voluntario.
Según informe de la antropóloga Maria Auxiliadora Cruz de Sá Leão, la demarcación de la TI Awá fue requerida en 1975 por el antropólogo Mércio Pereira Gomes, y, en 1977, por el antropólogo Alceu Cotia Mariz y el Mayor Saul Carvalho. Maria Auxiliadora menciona que Mércio Gomes ya señalaba las graves consecuencias de la falta de protección en territorio Guajá. “En un informe para la Funai, en 1979, dice: ‘Los Guajá se dispersan debido al hecho de que la Reserva Turiaçu ha sido demarcada por separado de la TI Caru, dejando un corredor de pasaje para occidentales y para la formación de granjas y haciendas particulares, cuando, hasta 1977, era una sola reserva, creada por el presidente Jânio Quadros. La división ocasionó la separación entre 80 indígenas Guajá de la TI Caru y los demás de la TI Turiaçu, y también 50 indígenas perdieron sus vidas’”, dice el informe de Maria Auxiliadora en 1992.
Inicios del contacto
Los bosques próximos a los valles de los ríos Turiaçu, Capim, Pindaré y Gurupi, en las provincias de Pará y Maranhão, eran parte del territorio Awá Guajá en el siglo XIX. Con la presión colonizadora de principios del siglo XX, los Guajá avanzan hacia los ríos Turiacu, Medio Gurupi y Alto Caru, en provincia de Maranhão. Ya en la década de 1940, todavía bajo presión colonizadora, se vieron obligados a bajar sobre los valles de los ríos. Pasaron así a ser vistos en los afluentes del río Caru, pero rechazaron el contacto con los Frentes de Atracción del Servicio de Protección a los Indígenas (SPI), organismo indigenista del Estado brasileño en la época.
La política de los Frentes de Atracción se fundaba en la idea de incorporar a los indígenas a la sociedad nacional, mediante la promoción de una convivencia pacífica que permitiese a la colonización de nuevas porciones del territorio brasileño. La política era contradictoria porque, si por un lado había la intención de respetar las tierras y cultura indígenas, por otro lado actuaba forzando el contacto, desplazando comunidades y vaciando territorio para la colonización. La premisa del contacto será modificada solamente en la política indigenista de la Funai a finales de los ‘80, cuando se empieza a discutir el derecho al aislamiento voluntario de los pueblos que no quieren relaciones permanentes con las sociedades nacionales o que presenten baja frecuencia de integración hacia no-indígenas o hacia otros pueblos indígenas. Para la aplicación de esta nueva premisa se crea la Coordinación General de Indígenas ‘Aislados’ y Recién Contactados (CGIIRC), que opera en las áreas en las que se nota la presencia de ‘aislados’, a través de los Frentes de Protección Étnico-Ambientales.
El informe de Maria Auxiliadora dice que, sólo en 1973, el equipo de la antropóloga Valeria Parise pudo contactar grupos Guajá en el arroyo del Hambre y el arroyo Turizinho, además de otros 17 indígenas Guajá en el Alto Turiaçu. Fue la primera vez que un grupo Guajá aceptó el acercamiento de los sertanistas de la Funai. En este momento la región ya sufría con el acoso de los colonos y especuladores de la tierra que seguían las nuevas carreteras en Maranhão.
La Funai crea entonces el Frente de Atracción Guajá y, en los años siguientes, colecta varias situaciones e informaciones de contacto se registran, a veces notificados por colonos y terratenientes, incluso situaciones de conflicto. En 1980, los especuladores que abrían granjas en las cabeceras del arroyo Timbira informaron sobre la presencia de otro grupo Guajá. En la memoria de João Cantú, servidor de la Funai al época, el grupo ‘aislado’ vivía entre el río Pindaré y la carretera Imperatriz-Santa Luzia, y tuvo que ser trasladado al Puesto Indígena Awá, en la TI Caru. En la ocasión, otros indígenas Awa Guajá ya contactados ayudaron en el acercamiento.
“El antropólogo Mércio Gomes y el padre Carlos, del Consejo Indigenista Misionero (CIMI), llevaron a dos indígenas de otro grupo Guajá para facilitar el contacto con el grupo que, hasta entonces, no tenía ningún contacto con los servidores de la Funai”, dice Cantú, hoy con 85 años de edad. “La estrategia ayudó mucho: nadie conocía el idioma. Como los Guajá ‘aislados’ estaban en área de riesgo, no iban a sobrevivir por mucho tiempo, entonces se trató de convencerlos a transferirse a la reserva Caru”, recuerda Cantú. “Ellos no querían acercarse porque ya conocían las orillas de estos ríos, donde había muchos mosquitos inconvenientes. Con el tiempo se explicó que ellos no podían permanecer, pues no tenían medios para sobrevivir frente a las olas de explotación. La Funai tampoco pretendía interponer una demanda de protección legal, ya que el área estaba devastado”, añade.
“El desplazamiento de los grupos recién contactados no fue exitoso: los indígenas se enfermaron con gripe y malaria a la vez y no permitían la medicación. Los médicos tenían que tomar las pastillas para que ellos aceptaran, pero con las inyecciones no había modo. Ellos se asustaban y huían. Pero estaban muy enfermos, entonces los equipos les medicaban a fuerza de día, al paso que huían por la noche”, cuenta el ex-servidor. A pesar del trauma, una parte del grupo sobrevivió y pasó a vivir cerca al Puesto Indígena Awá. Otros grupos Awa Guajá que vivían en la zona del arroyo Presidio (TI Caru) luego se unieron a ellos y su población volvió a crecer.
Otros intereses
Además de las carreteras, que alteraron la configuración poblacional de Maranhão y afectaron negativamente a los territorios indígenas, arrancaba también el proyecto de explotación de las reservas minerales de la Sierra de los Carajás, en el sudeste de Pará, tras años de estudios preliminares. Nacía en la región el ferrocarril Carajás (EFC), cuya construcción estuvo bajo responsabilidad de la Compañía Vale do Rio Doce (CVRD), entonces una empresa estatal. Los trabajos comenzaron en 1982 y los trenes llegaron a Maranhão en 1984. La construcción de la vía férrea valorizó súbitamente las tierras y fomentó el interés de monocultores y otros especuladores, que trataron de regularizar como fuese las tierras adquiridas u ocupadas ilegalmente.
Los invasores y propietarios que disputaban las tierras indígenas hallaron apoyo incluso en instancias de poder internas a la Funai. En fragmento específico, el informe de Maria Auxiliadora trata de la liberación, por parte de la fiscalía de la Funai, de certificados que negaban la presencia indígena en las áreas de disputa. En 1984, contrariando un parecer antropológico, el Procurador General de la Funai, Afonso Augusto de Morais, concedió tierras reivindicadas como propiedad de la Organización Rubem Berta (VARIG). En 1990, la Hacienda Bela Vista, que también se generó dentro del territorio Awá Guajá, obtuvo un certificado negativo de presencia indígena, con parecer favorable a la liberación concedido por el entonces Procurador General de la Funai, Ovídio Martins de Araújo. Las tierras eran del Estado brasileño, pero fueron adquiridas por Bela Vista junto al Instituto de Colonización y Tierras de Maranhão y registradas en oficina de la ciudad de Penalva, en 1984.
Son casos que dejan claro el desinterés histórico del Estado brasileño y de la provincia de Maranhão hacia el reconocimiento de los derechos territoriales indígenas. Dice el informe de Maria Auxiliadora: “Vemos, así, que la provincia de Maranhão dispuso tierras de la Unión (Reserva Forestal de Gurupi) y que la Funai, sirviendo a intereses antagónicos a los pueblos indígenas, emitió certificado liberalizando este territorio. La ilegalidad de las acciones queda evidente”.
Los intereses privados, principalmente sobre la madera y las tierras fértiles, se han convertido en obstáculos para el reconocimiento territorial Awa Guajá, mientras que los ‘aislados’ – familias completas – seguían apareciendo en su territorio invadido. “Se supo sobre estos indígenas porque aparecieron en una hacienda. El propietario notificó la Funai y nosotros fuimos para allá. Se pasaron tres años hasta que lográramos el contacto, pero luego ellos desaparecieron. Necesitamos un año más para volver a ellos, cuando no los dejamos y logramos finalmente trasladarlos aquí para la TI Awá”, recuerda João Cantú.
Largo proceso de demarcación
En 1985, el Grupo de Trabajo responsable por identificar el territorio Awa Guajá propone la demarcación de la TI Awá, con superficie de 232 mil hectáreas. Dos años después, en 1987, un acuerdo entre Funai y el Instituto Brasileño de Desarrollo Forestal (IBDF) se traduce en propuesta de 147.500 hectáreas para proteger a los Awá y 341.650 hectáreas para la Reserva Biológica Gurupi. La propuesta avanzó, el área de la TI Awá fue congelada y reconocida a través del Decreto 076 de 1988, pero, en pocos meses, el proyecto era atacado por demandas judiciales movidas por los individuos que reivindicaban la posesión en el área. Las 147.500 hectáreas se redujeron en 55,8%, resultando en apenas 65.700 hectáreas para la TI Awá. Sin embargo, en 1989, la Funai vuelve a recibir notificaciones sobre grupos Awa Guajá ‘aislados’ en el área reducida.
La explotación ilegal en la TI Awá prosiguió sin obstáculos entre los madereros, especuladores de tierra, empresas agrícolas-pecuarias etc, que sumaban fuerzas contra el proceso de demarcación. Los límites territoriales se consolidaron solamente en 2005, con 116.582 hectáreas, que a su vez fueron plenamente liberados en 2012, tras la retirada de los colonos no indígenas.
La vida de los grupos Awa Guajá que aceptaron el contacto ha cambiado mucho, debido a la adaptación al contacto permanente con la sociedad nacional y debido a los cambios en el entorno circundante. “Los grupos eran pequeños, cada familia en un rincón. La comida era de caza, frutas, raíces, alimentos raros y diversos. Tras el contacto, pasaron a cultivar la yuca y el plátano en huertos”, dice João Cantú, que vivió junto a los Awá en diferentes situaciones. Para el ex-servidor de la Funai, el peor problema a los grupos que siguen en aislamiento voluntario es la devastación que se sumó tras décadas de invasiones. “Ya está todo devastado. Antes se adentraban en la selva y tenían de todo: caza, miel, fruta. Hoy no queda nada. Los madereros han devastado todos los bosques, y la fruta raramente se encuentra porque ellos devastaron en especial los árboles fructíferos, exterminado así a los monos, los puercos, las abejas. Los tipos van a por madera y matan todo”, lamenta.
La protección de las tierras indígenas con presencia de grupos Awa Guajá ‘aislados’ (TI’s Alto Turiaçu, Awá, Caru y Araribóia) es un reto constante para el Frente de Protección Étnico-Ambiental Awa Guajá (FPEAG). El territorio Guajá, además de vivir con la degradación y las disputas históricas, hasta hoy sufre con invasiones e incendios criminales, como las quemadas de 2015, que afectaron a 67.000 hectáreas de TI Awá (57,5% su total). En lo que queda de la Floresta, los indígenas Awa Guajá siguen por las veredas que conocen, luchando por la supervivencia y por el derecho a permanecer en aislamiento.
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