traducción: Lucas Bonolo
Situado al norte de las orillas de los ríos Solimões y Amazonas, atravesando los estados de Amazonas, Roraima, Amapá y Pará, esta región es conocida como la Orilla Norte, uno de los mayores conjuntos de áreas protegidas en el mundo. Abriga alrededor de 25% de la población indígena de Brasil y empieza a obtener desde la últimas década el reconocimiento del derecho a las tierras tradicionalmente ocupadas por estos indígenas. En contra al proceso de regularización territorial, los proyectos de explotación de minerales y plantas hidroeléctricas siguen jugando como amenaza a los territorios ocupados y zonas de protección ambiental.
Las Tierras Indígenas Trombetas Mapuera, Nhamundá Mapuera, Kaxuyana Tunayana y Zo’é comprenden un fragmento del corredor de áreas protegidas de la Orilla Norte de Pará, totalizando, juntas, 7,873,103.66 hectáreas de floresta amazónica conservada a través del uso y ocupación de pueblos indígenas del tronco lingüístico Karib (Wai Wai, Hixkaryana, Katuena, Karafawyana, Tikiyana, Xereu, Mawayana, Katxuyana, Tunayana, Kahyana y grupos en aislamiento) y del tronco Tupí-Guaraní (los Zo’é, de contacto reciente).
La historia más cercana de estos pueblos está marcada por migraciones y asentamientos forzados, a partir de los años 50, en misiones religiosas en Guyana, Surinam y en el Parque del Tumucumaque, además de procesos de aislamiento voluntario por parte de grupos que se negaron a relacionarse bajo las reglas de la iglesia y otras organizaciones colonizadoras. A partir de los años 60, el proyecto evangelizador de las agencias misioneras – cuya base de apoyo era la concentración de los indígenas – coincidió con el plan de desarrollo del gobierno militar brasileño para la región, orientado hacia los asentamientos y la ocupación militar de protección fronteriza.
El programa del gobierno militar (que ha cobrado fuerza en los años 80 con la creación del Proyecto Orilla Norte) se centraba en la apertura de carreteras, formación de asentamientos rurales, construcción de plantas hidroeléctricas y concesiones para explotación de minerales. Las actividades de minería y prospección, con sus impactos ambientales y sociales, han sido los factores principales de lucha y dinámica territorial para estos pueblos indígenas hasta hoy.
La búsqueda eterna por minerales
La Orilla Norte posee gran cantidad de minerales y ha sido explotada desde la década de 1970, bajo actividades que han causado impactos irreversibles para su conservación y biodiversidad. El acceso a la región fue facilitado por la construcción de las carreteras Transamazónica, Cuiabá-Santarém, BR-174 y parte de la Perimetral Norte (BR-210) – carreteras que han tenido sus concesiones aprobadas durante la dictadura militar en Brasil y cuyos trazados inciden en territorios indígenas.
Estas carreteras, y la invasión territorial que les siguió, han causado directamente muchas muertes y un grave bajón demográfico entre muchos pueblos, más allá de la pérdida de control de sus tierras hacia los militares, que cobraron la posición de guardianes de las fronteras brasileñas. Con la justificación de facilitar el acceso a la explotación de minerales, poblaciones indígenas fueron sometidas y expulsas de sus territorios tradicionales.
Después de un largo histórico de dispersiones, migración y despojo territorial, hasta hoy persiste la problemática de la demarcación territorial indígena en esta porción de la Orilla Norte del Pará. Véase la reciente aprobación, por la presidencia de la Funai, del Informe Circunstancial de Identificación y Delimitación de la Tierra Indígena Kaxuyana Tunayana, publicado en el Diario Oficial de la Unión el 20 de octubre de 2015).
También perduran hasta hoy las actividades de empresas de minería en el entorno de estas tierras indígenas, así como la prospección ilegal incluso dentro de los límites de los territorios indígenas. Las mayores empresas en la región son: Mineração Rio do Norte, que se auto refiere como la mayor productora de bauxita en Brasil y opera en las orillas del alto río Trombetas, fuera de tierras indígenas, pero incidiendo en tierras quilombolas bajo proceso de demarcación; y Itautinga Agroindustrial S/A, empresa que explota piedra caliza en las orillas del río Jatapu hace más de 3 décadas, en una zona fuera de las tierras indígenas, pero muy cerca de comunidades Hexkariyana, donde hay informes sobre la presencia de indígenas en aislamiento voluntario.
Con actuación más reciente, pero no menos expresiva, la empresa GH Paulain Machado – que pertenece al alcalde del municipio de Nhamundá – está sacando desde 2012 arena y gravilla con el método de dragados en el río Nhamundá (frontera entre los estados de Pará y Amazonas), dentro de la Tierra Indígena Kaxuyana Tunayana, en una zona muy cerca de uno de los registros de indígenas “aislados”.
La empresa dispone de una autorización de minería por la Oficina Nacional de Producción Mineral (DNPM) para áreas fuera de las tierras indígenas, y de una licencia ambiental por el Instituto de Protección Ambiental del Amazonas (IPAAM) – cuando el instituto licenciador debería ser el Ibama, según la Ley no. 140 de 8 de diciembre de 2011 y la Resolución CONAMA no. 237 de 19 de diciembre de 1997, que trata acerca de concesiones de licencias para emprendimientos desarrollados en dos o más estados de la Federación brasileña. En 2010, la GH Paulain Machado también ganó autorización para la prospección de oro en la misma zona.
Ante la actuación irregular de la empresa (al extrapolar los límites autorizados e invadir la Tierra Indígena Kaxuyana Tunayana), los indígenas se están movilizando junto a la Funai, a través del Frente de Protección Étnico-ambiental Cuminapanema y de la Coordinación Técnica Local de Nhamundá), hacia el Ministerio Publico Federal de Manaus y Santarém, con el objetivo de por lo menos disciplinar la actuación de la GH Paulain Machado – cuyos impactos socio-ambientales degradan las comunidades ubicadas en el río Nhamundá y potencializan las vulnerabilidades físicas y territoriales que afectan a los pueblos que habitan esta cuenca.
Además de las actividades de estas empresas, hay en el Departamento Nacional de Producción Mineral (DNPM) 17 procedimientos de autorización para prospección y una solicitación de lote minero, dentro de las Tierras Indígenas Trombetas-Mapuera, Nhamundá-Mapuera y Kaxuyana Tunayana. Y aún, prospecciones ilegales en el alto Nhamundá y alto Mapuera, en zonas cercanas a los informes de grupos en aislamiento voluntario, con mayor actividad durante la estación seca, debido a las condiciones más favorables a la prospección superficial en las cabeceras.
Las actividades exponen a los indígenas y sus tierras a una serie de problemas, como la inseguridad física y territorial debido a la invasión de mineros ilegales y personales de las empresas o la sedimentación de los ríos debido a la extracción de gravilla y arena, lo que impacta también la navegabilidad y afecta a todo el ecosistema de la cuenca. Además, está la contaminación de los recursos hídricos y, en términos políticos, la presión ejercida por las empresas contra el proceso de regularización de las tierras indígenas, buscando explotar los recursos minerales ahí existentes.
Eldorado en tierras indígenas
Según el reportaje de la Agencia Pública de Noticias sobre minería en áreas indígenas, una cuarta parte o el 25% de las Tierras Indígenas en Brasil registran procesos de minería en el Departamento Nacional de Producción Mineral. En la región de la Amazónica Legal, un tercio o el 34% de ellas sufren intereses relacionados a la minería. Sólo el estado de Pará concentra el 50% de estos procesos hacia Tierras Indígenas ya demarcadas por la Funai. Mientras crece el número de procesos mineros, también aumentan las invasiones en territorio indígena para la explotación minera ilegal.
Datos del reportaje cuentan 2.357 títulos de minería en el estado de Pará, los cuales, en algunos casos, cubren zonas enteras tradicionalmente ocupadas por pueblos indígenas. A pesar de los títulos, hoy cualquier actividad minera en Tierras Indígenas es ilegal, ya que no existe una legislación específica para su ejercicio, aunque esté prevista en la Constitución.
Ocurre que las solicitudes de licencia de minería, aunque la actividad no se haga efectiva en el corto plazo, aseguran al solicitante la prioridad sobre la minería en la zona, dando apertura para que empresas aumenten el valor de sus acciones en mercados de futuros. Por otro lado, presionan la aprobación de la reglamentación minera propuesta y en curso dentro del Congreso brasileño.
En la actualidad, el principal foco de la presión ejercida por las empresas mineras es el PL 1610/96, de autoría del Senador Romero Jucá (PMDB-RR), en trámite en la Cámara de los Deputados desde 1996. La propuesta volvió a la luz en 2015, cuando el entonces presidente de la Cámara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), firmó la creación de un Comité Especial encargado de elaborar un informe sobre el PL 1610/96.
De alto interés para las empresas mineras en Brasil, el PL 1610/96 es encarado por el movimiento indígena como un grave ataque a los derechos de los pueblos indígenas, ya que no prevé su derecho al veto acerca de las propuestas de minería en sus tierras y hace de las consultas una mera formalidad. Además, el PL 1610/96 no impone ningún límite porcentual de explotación para zonas licenciadas dentro de territorio indígena, permitiendo que algunas Tierras Indígenas sean totalmente afectadas.
Para la mayor parte del movimiento indígena e indigenista, el PL 1610/96 deforma la propuesta del Estatuto de los Pueblos Indígenas (PL 2057/1991) que visa regular la relación entre los pueblos indígenas y el Estado brasileño, como apuntó el Centro de Trabajo Indigenista (CTI) en un informe de 2012.
Pueblos en aislamiento voluntario
Hay actualmente en la región de la Orilla Norte diez registros de grupos indígenas en aislamiento voluntario (no contactados). Los registros están en varias fases de cualificación y se ubican en los estados del Amazonas, Pará, Roraima y Amapá. Cinco de ellos fueron clasificados con alto grado de vulnerabilidad, según factores como intimidación/presión del entorno, presencia de explotación, contacto visual o vestigios fuera de Tierra Indígena o en región transfronteriza, inminencia de conflicto, etc.
Las acciones implementadas por los Frentes de Protección Étnico-Ambiental (FPE’s/Funai) están orientadas según estos factores de vulnerabilidad y respetan cada situación con medidas específicas, siempre buscando iniciar los diálogos para que se establezcan estrategias y protocolos comunes de trabajo en la ubicación y protección de los pueblos indígenas en aislamiento.
Uno de los registros con alta vulnerabilidad trata de la presencia de un grupo Zo’é “aislado”, fuera de la Tierra Indígena, en una región con explotación de minerales inminente. Los Zo’é son un pueblo Tupí-Guaraní de contacto reciente que sufre bastante con invasiones y la contaminación de sus ríos y arroyos, sobretodo debido a la expansión de la minería ilegal.
Tanto es que, en marzo de este año, el Frente de Protección Étnico-Ambiental Cuminapanema (FPEC/Funai), la Policía Federal, el Ministerio Público Federal, el Instituto Brasileño del Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama) y la Secretaría Especial de Salud Indígena (Sesai), llevaron a cabo la Operación DAKJI, para frenar la actividad minera ilegal en las proximidades de los grupos Zo’é.
En la región de la Orilla Norte existen tres Frentes de Protección Étnico-Ambiental: Cuminapanema, Waimiri Atroari e Yanomami/Ye’kuana, que trabajan con la protección y vigilancia territorial de los grupos indígenas en aislamiento, y con la promoción de los derechos sociales de grupos de contacto reciente. Los Frentes están todos en un contexto de presión y expansión de actividades mineras, con licencia o ilegales, dentro y alrededor de las Tierras Indígenas.
Mapa – fases del Proceso de Minería en las Tierras Indígenas Trombetas-Mapuera, Nhamundá-Mapuera y Kaxuyana-Tunayana.