Foto: Hilton Nascimento

Resistencia Matsés frena petroleras en la frontera Brasil-Perú

Por Rafael Nakamura
Traducción: Lucas Bonolo

Después de casi nueve años, las comunidades Matsés en Perú y Brasil salen victoriosas de una batalla contra un gigante, la empresa petrolera Pacific Stratus Energy S.A, filial de la multinacional canadiense Pacific Exploration and Production, que tenía los derechos contractuales para la explotación de petróleo en el Lote 137, en Perú, muy cerca al territorio brasileño. Vigorando desde 2007, el contrato fue revocado a mitad de 2016, sin que la Pacific Stratus Energy empezara la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) ni pudiera iniciar el Programa Mínimo de Trabajo de la primera fase de la explotación.

En el lado peruano, el lote 137 se sobrepone a unos 36% del área de la Reserva Nacional Matsés (RNM) y a otros 49% de la Comunidad Nativa Matsés (CNM). Según informe de la Perupetro (agencia peruana de regulación encargada de los contratos de exploración de petróleo y gas), la rescisión del contrato y restablecimiento del área total del lote fue motivada por la posición de la Comunidad Nativa Matsés, que en los últimos años resistió a las actividades de la petrolera en su territorio.

El contrato acaba en un contexto de caída de inversiones en las operaciones petrolíferas, motivada por la caída del precio del petróleo en el mercado internacional. Sin embargo, fueron decisivos para este resultado el rechazo contundente y movilización continua de las comunidades Matsés durante casi una década. Las reuniones binacionales promovidas por los Matsés anualmente desde 2009 constituyeron importante espacio de articulación en el proceso, al traer como agenda prioritaria las preocupaciones de las comunidades indígenas con la reanudación de la explotación petrolífera en sus territorios.

Conflictos tras conflictos

La resistencia indígena a las actividades invasoras en la región fronteriza Brasil-Peru tiene larga historia. Los primeros estudios sobre el tema remontan a finales de 1930, pero fue en los años 1970 y 1980 que la presencia de compañías petroleras se intensificó en la región, con prospecciones, perforación de pozos y apertura de senderos para la prospección sísmica de la Petrobras (en el lado brasileño), y de las empresas Atlantic Richfield Company (ARCO), Servicios de Exploración de Petróleo (Sexpet) y Amoco (en Perú). En el lado brasileño, las actividades de exploración fueron más intensas en las cuencas de los ríos Jaquirana, Itaquaí, Jandiatuba y Jutaí.

En el río Jaquirana, la actuación de la “Compañía” (como los Matsés mas mayores se refieren a la Petrobras) se produjo bajo el contacto con algunos grupos que antes vivían en aislamiento voluntario.  Hay relatos de que Petrobras abrió senderos de prospección que atravesaban plantaciones indígenas. Ancianos todavía se recuerdan y relatan el intenso movimiento de personal y maquinaria, que provocó el abandono de casas grandes, chozas y huertos, además de migraciones traumáticas y contracción de enfermedades mortales.

En los ríos Itaquaí, Jandiatuba y Jutaí, las operaciones exploratorias se dieron en áreas donde se concentraban la mayoría de comunidades indígenas en aislamiento hasta entonces. Hubo conflictos sucesivos, con trabajadores flechados y la muerte de dos funcionarios, un oficial de la compañía Brasileña de Geofísica al servicio de Petrobras y un indigenista de la Funai que acompañaba las operaciones. Hay registros de muertes entre indígenas también, además de casas grandes quemadas y éxodo intenso.

La desastrosa actuación de la Petrobras fue finalmente detenida en 1984, lo que trajo cierta paz y control a esta región fronteriza a lo largo de la década de 1990 y principios de 2000.

El auge de las concesiones en Perú

En la segunda mitad de la década de 2000, la política de desarrollo ejecutada por el gobierno peruano de Alan García hizo resurgir la explotación en la región de frontera, conocida también como Valle del Yavarí. Entre 2006 y 2011, grandes porciones de la Amazonía peruana fueron otorgadas a compañías petroleras, uno de los sectores protagonistas por el crecimiento económico de Perú en el período.

Si en 2004 las áreas concedidas para explotación y producción de petróleo en Perú representaban aproximadamente el 15% de su bioma amazónico, ya en 2009 los lotes abarcaban más del 70% de la superficie del bioma, según encuesta elaborada por ambientalistas. Gran parte de los lotes incide sobre Comunidades Nativas y Reservas Territoriales del Estado. Estas últimas están dirigidas a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, cuya existencia llegó a ser negada por el ex-presidente de Perú, Alan García.

“Contra el petróleo, se creó la figura del salvaje nativo ‘no contactado’, es decir, desconocido, pero presumible, por el cual millones de hectáreas no deben ser explotadas y el petróleo peruano debe quedarse bajo tierra mientras se paga en el mundo US $ 90 dólares por barril”, dijo el ex-presidente en entrevista al periódico peruano El Comercio, el 28 de octubre de 2007.

El Valle del Yavarí sufre su propia ola de concesiones petroleras por parte del gobierno Alan García a mediados de 2007. En 2008, toda la extensión de los ríos Yaquerana e Yavarí estaba loteada y asignada a empresas del sector de petróleo y gas, incluyendo contratos para exploración y producción, y un acuerdo para evaluación técnica. Tras la otorga y readecuación de los límites de algunos lotes, los lotes 135 y 137 (de Pacific Stratus) se quedaron inalterados hasta mediados de 2016.

Se reactivan las fronteras de explotación en Brasil

En Brasil también se retomó la agenda de exploración de petróleo y gas en el Valle del Yavarí, aunque más tímidamente. La Agencia Nacional de Petróleo, Gas y Biocombustibles (ANP) llevó a cabo una serie de estudios a partir de 2007 y ofreció nueve bloques al sur de la Tierra Indígena Valle del Yavarí en la 12ª Rodada de Licitaciones de Petróleo y Gas de la ANP, en 2013. La subasta estuvo marcada por irregularidades y tuvo sus efectos suspendidos por varios requerimientos judiciales, el último de ellos acerca del contrato del Bloque AC-T-8, al sur de la TI Valle del Yavarí, licitado para la Petrobras. La decisión liminar fue concedida por la Justicia Federal en Cruzeiro do Sul (Acre), que aceptó los pedidos de la Fiscalía Pública Federal en un requerimiento civil público movido contra la Unión brasileña, Ibama, ANP y Petrobras, debido a las graves ilegalidades socio-ambientales desde el principio del proceso de licitación para otorga del contrato del bloque.

Ante las recientes iniciativas para promover la exploración de petróleo en el Valle del Yavarí y su entorno, los pueblos indígenas de la región han estado clamando para que autoridades de la Fiscalía Pública Federal, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otras organizaciones nacionales e internacionales intercedan junto a los gobiernos brasileño y peruano para el cierre de cualquier actividad petrolífera próximo a sus tierras, especialmente cerca de zonas habitadas por indígenas en aislamiento voluntario.

Amenaza a los ‘aislados’

Si la rescisión del contrato para el Lote 137 es una victoria a celebrase entre los pueblos indígenas del Valle del Yavarí, queda otro lote concedido a la misma Pacific Stratus y que sigue como amenaza a la integridad de la región. El Lote 135 se sobrepone casi en su totalidad a la zona propuesta para la Reserva indígena Yavarí Tapiche, presentada al gobierno peruano en 2003 por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), y que busca la protección de los indígenas ‘aislados’ que habitan en la zona. El lote se encuentra en fase de prospección, cuando se hacen los estudios para determinar la viabilidad de retirar petróleo o gas en el área.

En noviembre de 2012, Pacific Stratus inició trabajos de levantamiento sísmico en el área del Lote 135. En un mapa producido por la empresa estaba previsto abrir 789 km de senderos estudios sísmicos, y 134 descampados con una superficie de 60mx40m (2400 m²) cada, para el aterrizaje de helicópteros, promoviendo así la circulación de un número de trabajadores que podría llegar a más de 500 en seis meses.

En Perú, varias fuentes mencionan la existencia de indígenas en aislamiento en las cuencas de los ríos Yaquerana, Yavarí y Tapiche. Informes recogidos junto al pueblo Matsés, por el entonces Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (Indepa), dejan clara la ocurrencia de contactos visuales e identificación de vestigios de indígenas ‘aislados’, por parte de los residentes de las comunidades Buenas Lomas Nueva y Puerto Alegre, ambas en el lado peruano de la cuenca del río Yaquerana. A pesar de los informes, el Estado peruano ha proseguido con la política de concesiones forestales de talla y mantenimiento de derechos de explotación para compañías petroleras en dichas zonas.

Según informe técnico elaborado por el Centro de Trabajo Indigenista (CTI) sobre la presencia de ‘aislados’ en el alto Yaquerana, hay también informaciones sobre la ocupación actual de indígenas ‘aislados’ en la la cuenca del río Bata (uno de los formadores del Yaquerana) y en las cabeceras de afluentes del río Yaquerana y Curuçá. En el lado brasileño de la zona, la Funai realizó al menos dos expediciones en los últimos años. Los Matsés han exigido de la Funai que formalice las informaciones colectadas acerca de la presencia de ‘aislados’ a los organismos estatales del Perú y que dialogue con el gobierno peruano visando la protección de estos pueblos.

Después de trece años desde su primer demanda, el proceso de reconocimiento y categorización de la Propuesta de Reserva Indígena Tapiche, Blanco, Yaquerana, Chobayacu y Afluentes (Yavarí-Tapiche) sigue todavía indefinido. Así como están otras dos propuestas de Reserva Indígena para ‘aislados’ en la región: Sierra del Divisor Occidental (Kapanahua) e Yavarí Mirim. Las tres propuestas tienen calificación favorable del Vice-Ministerio de Interculturalidad de Perú para su reconocimiento y son actualmente objeto de estudio de este organismo,  responsable de la coordinación de políticas de protección hacia los pueblos indígenas en aislamiento y de contacto reciente en Perú.

Además del Lote 135, la propuesta de Reserva Indígena Yavarí-Tapiche es ampliamente sobrepuesta por el recién creado Parque Nacional Sierra del Divisor. A pesar de estar este parque en la categoría de Área Natural Protegida con el mayor grado por la legislación peruana, en su proceso de categorización el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) desconsideró la existencia de ‘aislados’ en la zona del parque que afecta la propuesta de reserva indígena (lo mismo ocurre a la zona sobrepuesta al proyecto de Reserva Indígena Kapanahua). Estos casos han ya sido denunciados por organizaciones indígenas.

La creación del Parque Nacional Sierra del Divisor no representó tampoco una mayor protección a la zona sobrepuesta por el Lote 135, ya que el contrato con Pacific Stratus es visto por el Estado peruano como un “derecho previamente adquirido”, por haberse firmado el 20 de noviembre de 2007, momento en que el área era todavía una Zona Reservada y el proceso de categorización como Parque Nacional estaba en marcha.

Así, líderes y organizaciones indígenas argumentan que, ante indicadores de la presencia de ‘aislados’ dentro de una zona candidata a Área Natural Protegida, deben establecerse medidas cautelares en el proceso de categorización. Por ejemplo, la delimitación de sus zonas de ocupación como áreas de protección estricta, independientemente de la etapa en que se encuentre el proceso de reconocimiento de los pueblos ‘aislados’ y reservas indígenas en cuestión.

Escenario de guerra al otro lado de la frontera

La situación de los pueblos indígenas del Valle del Yavarí no es una excepción en la Amazonia peruana. Hay situaciones incluso más graves, como los impactos generados por las empresas Petróleos del Perú (Petroperú) y Occidental Petroleum (Oxy), que explotaron el territorio del pueblo Achuar entre 1971 y 2000, y recientemente fueron condenadas en la corte estadunidense a pagar compensaciones a cinco comunidades Achuar. En 2000, el bloque empresarial fue asumido por la argentina Pluspetrol, que continúa violando los derechos de los pueblos indígenas y las normas internacionales de actividades petrolíferas. Ahora están también involucrados, además de los Achuar, los pueblos Quéchua y Urarina.

Los efectos devastadores de estas actividades causaron muchas muertes prematuras entre los indígenas, problemas genéticos graves, así como la degradación del ambiente. La contaminación llegó a las aguas de uso de las comunidades Achuar, donde las compañías descartaron metales pesados como el cadmio, el plomo y el arsénico, según reportaje de la Amazon Watch. En 2006, un estudio realizado por el Ministerio de Salud de Perú concluyó que casi todas las personas sometidas al examen en las comunidades Achuar tenían niveles de cadmio superiores a lo aceptable.

En el gobierno Alan García, al año de 2009, causaron muchas protestas los proyectos de la empresa anglo-francesa Perenco y de la española Repsol-YPF, que afectarían indígenas ‘aislados’ en la región del Lote 67, al norte de la Amazonía peruana, cerca de Loreto. Durante varias semanas, el río Napo fue bloqueado por las comunidades de los pueblos Secoya y Quéchua. Los barcos de la Perenco sólo pudieron pasar con la llegada de la Marina Armada peruana.

Perenco había recibido señal positivo para iniciar sus operaciones en el Lote 67 solamente 13 días después del episodio conocido como Masacre de Bagua. En los días 5 y 6 de junio de 2009, manifestantes en su mayoría de los pueblos Awajun y Wamba fueron violentamente reprimidos por la policía nacional de Perú, en un conflicto que resultó en decenas de indígenas muertos y desaparecidos, más de 20 policías muertos y cientos de heridos y detenidos. La represión acabó con una jornada de protestas iniciada en 2008, en contra de las reformas legislativas propuestas por el gobierno Alan García para promover la explotación de los recursos naturales en la Amazonia, violando derechos garantizados a los pueblos indígenas en Perú.

Pasados algunos años, en febrero de 2016, Perú declaró estado de emergencia en 16 comunidades de la floresta amazónica debido a derrames de petróleo en el departamento de Loreto. Sólo este año, hasta el mes de agosto, hubo cinco derrames. Germán Velásquez, presidente de la Perupetro (petrolera estatal del país), renunció al cargo en junio de este ano, pero los derrames siguieron.