Traducción: Lucas Bonolo
En Venezuela, los derechos específicos de los pueblos indígenas fueron ampliamente reconocidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de 1999, en la Ley Orgánica de los Pueblos y Comunidades Indígenas, de 2005, y en una serie de normas dispersas en el sistema jurídico que contienen diferentes formas de protección y garantía de sus derechos como sujetos colectivos con su propia identidad. Sin embargo, ninguna de esas normas constitucionales y legales se refiere expresamente a la presencia de grupos de pueblos indígenas en aislamiento y de reciente contacto, ni a la necesidad de implementar medidas especiales de protección para salvaguardar sus vidas.
Aunque exista un órgano oficial con competencia expresa en asuntos indígenas – el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas (MINPPPI), encargado de formular políticas públicas destinadas a proteger y promover la implementación de los derechos constitucionales de los pueblos indígenas –, no hay tampoco ahí reconocimiento expreso de la presencia de grupos indígenas en condiciones de aislamiento relativo con necesidad especial de protección.
En el país hay registros de grupos en aislamiento relativo, o con poco contacto, de por lo menos tres pueblos indígenas. Los Hoti (Jödi), cuya población total llega a cerca de 1.000 personas en 25 comunidades, tienen aproximadamente su 40% viviendo en aislamiento relativo en la Serranía de Maigualida. Los Yanomami, con una población total de entre 12 mil y 15 mil personas en Venezuela, distribuidas en cerca de 250 a 300 comunidades, están en cinco zonas de aislamiento, por lo menos. Y los Piaroa (Uwottüja), que habitan en zonas de los estados de Amazonas y Bolívar, son más de 19 mil personas (según censo de 2011), de las cuales unas 200 personas viven en aislamiento en el Alto Cuao y Guayapo.
Las áreas donde viven estos grupos en aislamiento o comunidades de estos tres pueblos son áreas de selva con difícil acceso y aislamiento geográfico. A pesar de la dificultad de acceso, ellas son sistemáticamente invadidas por grupos de mineros ilegales provenientes sobretodo de Brasil y Colombia, pero también de la propia Venezuela.
La movilidad permanente de los mineros ilegales coloca a los grupos indígenas con poco contacto en una situación de gran vulnerabilidad, especialmente por la introducción de enfermedades endémicas y epidémicas como la malaria y la hepatitis, a parte la contaminación del agua y la destrucción del ambiente, o la reducción del espacio para sus actividades tradicionales de subsistencia, como la caza, la pesca, la agricultura y la colecta.
Luis Jesús Bello, del Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía WATANIBA, y José Gregorio Díaz, de la Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas – ORPIA, escribieron un artículo para el Boletim Povos Isolados na Amazônia, a partir de la experiencia e intercambio de informaciones durante el Encuentro Internacional Miradas sobre las Políticas de Protección a los Pueblos Indígenas Aislados y de Reciente Contacto (realizado este año por el Centro de Trabajo Indigenista – CTI), donde tratan de las principales amenazas a los pueblos indígenas en aislamiento en Venezuela.