Por Rafael Nakamura
Traducción: Lucas Bonolo
La historia de Julián Gil Torres es muy conocida por los indígenas en Colombia. En 1969, Julián decidió adentrar la Amazonia colombiana en la región entre el río Caquetá y el río Putumayo, cerca del río Puré, para cazar animales silvestres y para conquistar a los indígenas que allí vivían. Nunca más se tuvo noticia de Julián, quien, desde entonces, fue dado como desaparecido. Su historia hizo con que se conociera la existencia de pueblos indígenas en aislamiento en esta área – donde hoy está el Parque Nacional Natural Río Puré, en que el Estado colombiano reconoce oficialmente la presencia de estos pueblos.
Colombia reconoce oficialmente la existencia de dos grupos de pueblos indígenas en aislamiento, pero existen cerca de quince indicios por la Amazonia colombiana. Tratase de informaciones que aún necesitan ser estudiadas y confirmadas, pero, a diferencia de Brasil, donde este trabajo es de responsabilidad de la Fundación Nacional del Indígena (Funai), en Colombia esas informaciones no encuentran un canal para concentrar datos de avistamientos y otros indicios. “No existe una entidad que esté encargada de recoger estos relatos y esto dificulta mucho el proceso de identificación”, cuenta Daniel Aristizábal, coordinador del grupo que trabaja con pueblos en aislamiento voluntario en el Amazon Conservation Team (ACT) en Colombia. Daniel Aristizábal estuvo en el encuentro internacional Miradas sobre las Políticas de Protección a los Pueblos Indígenas ‘Aislados’ y de Reciente Contacto, realizado en junio de 2017 por el Centro de Trabalho Indigenista (CTI), en Brasilia.
Aun mismo con la desaparición de Julián Gil en territorio de ‘aislados’ hace más de 40 años, hasta hoy el Estado colombiano no definió una política para la protección de pueblos indígenas en aislamiento. El organismo responsable del tema es la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom (gitanos) y Minorías, vinculado al Ministerio del Interior, que coordinó los trabajos de formulación de una política pública de protección a través de un proceso de consulta en 2013 que involucró a organizaciones y comunidades indígenas.
Así como en otros países de América del Sur, los pueblos indígenas de Colombia han tenido experiencias de contactos traumáticos que redujeron drásticamente sus poblaciones. Es el caso de los Nukak Maku, pueblo de reciente contacto que sufrió los impactos causados por los conflictos armados en las últimas décadas en el departamento de Guaviare, y que, desde el contacto, pasó por un rápido declive poblacional ante los muchos casos de desnutrición y enfermedades antes desconocidas. “Fue una masacre, porque el gobierno no sabía qué hacer cuando salieron. Mandaron helicópteros, la cruz roja, mandaron comida, médicos para vacunar, pero no había un plan de emergencia”, recuerda Dario Silva, del pueblo Kubeo y miembro de la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas de La Pedrera Amazonas (AIPEA), que también participó del encuentro internacional promovido por el CTI.
Fue justamente con el propósito de no repetir los errores, que las asociaciones indígenas reivindicaron una elaboración de políticas de protección a los pueblos en aislamiento mediante consultas en todos los departamentos amazónicos de Colombia. El proceso de formulación, que se extendió por años, se hizo de manera participativa. Las etapas de consulta incluyeron a las comunidades indígenas que son las bases de las organizaciones regionales. “Es el primer caso, en la región, de elaboración de una política pública con participación de las comunidades indígenas desde el principio”, felicita Aristizábal.
Las organizaciones regionales en Colombia son llamadas Asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas (AATIS), y son formalmente reconocidas por el Estado colombiano a través del Decreto 1088 de 1993. Están encargadas de llevar las posiciones de las comunidades al gobierno. “Estamos haciendo un trabajo de construcción de una política pública que no se hace en Bogotá en una oficina. Esta construcción se hace en las malocas, en nuestra región, con la participación de nosotros, indígenas, que vivimos alrededor de los pueblos aislados”, explica Dario Kubeo.
Además de las consultas realizadas en las comunidades, las organizaciones involucradas en el proceso tomaron en consideración las experiencias de otros países. “Tenemos la ventaja de que otros países ya tienen sus políticas públicas, y pudimos evaluar cuáles fueron los errores y aciertos de los países vecinos. Tomamos muchas cosas de la experiencia en Brasil, de las iniciativas de la Funai en aquel momento, para elaborar nuestros primeros borradores de lo que sería esa política”, relata Aristizábal.
Al principio, la discusión se hizo principalmente con las comunidades vecinas a los pueblos en aislamiento. Posteriormente, se decidió que aún no era suficiente, y que era necesario llevar esta propuesta de política pública a todos los vecinos en las regiones donde están los posibles indicios de territorios ocupados por pueblos ‘aislados’. Así, se hizo un proceso de consulta previa que duró alrededor de un año. Todo ello con la participación de las bases y de las organizaciones regionales y nacionales que buscaban un acuerdo de los principios que deben regir tal política pública.
Actualmente ya existe una versión de lo que sería esta política de protección a los ‘aislados’, ya enviada al gobierno colombiano. Cabe ahora a la oficialidad seguir con el proceso. “Colombia ha avanzado mucho y de una manera participativa, pero seguimos muy preocupados por que sea emitido un decreto, una norma oficial, y en esto el gobierno está tardando”, opina Aristizábal.
Las iniciativas comunitarias indígenas
Los dos grupos de aislados con presencia ya reconocida por el Estado colombiano están dentro del Parque Nacional Natural Rio Puré. Cerca del parque está el Resguardo Curare-Los Ingleses, creado en 1995, donde vive la comunidad a la que pertenece Dario Silva Kubeo. A partir de 2002, cuando se creó el parque, las comunidades indígenas vecinas pasaron a trabajar en el ordenamiento territorial para proteger los lagos de la región, las especies amenazadas y también los grupos en aislamiento, con quienes comparten territorios.
El Resguardo Curare-Los Ingleses está a unos 10 kilómetros del pueblo de La Pedrera, subiendo el río Caquetá. La proximidad a centros urbanos facilita la entrada de cazadores, pescadores, madereros y otras amenazas, como las balsas de minería que, a pesar de existir en mayor número en el lado brasileño, también afectan a los ríos colombianos.
Para monitorear esas amenazas y controlar el ingreso en las áreas protegidas, los indígenas crearon un sistema propio. “Tenemos una estrategia de protección, con la experiencia de otros países como Brasil y Perú, en que la forma de proteger a los ‘aislados’ no es proteger directamente a esta población, sino proteger el territorio donde circulan. Montamos un puesto de control en un punto estratégico, tenemos nuestros medios de transporte propios, gasolina para cada año y pagos para los que estarán en el puesto de control”, explica Dario Kubeo.
Además, en 2012 las comunidades definieron que levantarían cartografías para dibujar la zonificación del resguardo. Con las informaciones sobre la presencia de grupos en aislamiento en determinadas regiones cercanas al resguardo, se definió un área de 90 mil hectáreas, entre el parque nacional y el resguardo, como zona intangible.
Así como en el proceso de formulación de la política pública para la protección de ‘aislados’, las iniciativas de las comunidades indígenas en esta región contaron con un proceso participativo y que incluyó otros resguardos. “Dialogamos con otros resguardos vecinos para que respeten las zonas donde se puede buscar material para las malocas, cazar y pescar. En otra zona de conservación están los lagos, muchas aves y otras especies de animales y por fin otra zona intangible, donde colocamos señalización. Los carteles grandes dicen ‘zona de recolección de tal punto a tal punto’, que está georreferenciada con GPS, y el mapa está en las placas. Entonces, la gente sabe en qué punto pueden recoger y pescar, en qué punto está el área de conservación, donde está el puesto de control y la zona intangible”, comenta Dario Kubeo.
A pesar de los avances, quedan otros 15 pueblos indígenas en aislamiento dentro de territorio colombiano que no han sido confirmados y que necesitan la aprobación de una política pública para tener sus derechos garantizados por el Estado. La amenaza más cercana a la Amazonia colombiana es la expansión de la frontera agrícola, en zonas que vivieron el conflicto armado durante décadas y que, con el proceso de pacificación en curso en el país, están más vulnerables a la ganadería y al cultivo. Son en estas mismas zonas, donde se ubican las informaciones de otros pueblos en aislamiento.