Territorio Matsés: articulación sin fronteras contra la explotación petrolera

Por Rafael Nakamura | Traducción: Lucas Bonolo

La cuenca del río Yaquerana constituye la continuidad del río Yavarí en la región fronteriza entre la provincia brasileña del Amazonas y el departamento de Loreto en Perú, y es tradicionalmente ocupado por el pueblo Matsés, cuyas poblaciones están situadas en ambas orillas a lo largo del río que separa los dos países. En el lado brasileño, los Matsés (también llamados Mayoruna) viven en la Tierra Indígena (TI) Vale do Javari. Homologada en 2001, la TI también recoge territorios de los pueblos Kanamari, Korubo, Kulina, Marubo, Matis, Tsohom Dyapá e indígenas en aislamiento voluntario. Tratase del mayor número de registros de indígenas en aislamiento en una misma TI, 11 de ellos confirmados por la Fundación Nacional del Indígena (Funai).

En el lado peruano de la frontera, los Matsés viven en poblaciones de la Comunidad Nativa Matsés (CNM) y manejan la Reserva Nacional Matsés, la propuesta de Reserva Territorial Yavarí-Tapiche y el recién-categorizado Parque Nacional Sierra del Divisor, áreas que forman parte del territorio Matsés ancestral y también de pueblos indígenas en aislamiento voluntario. La cuenca guarda reservas de petróleo y gas, factor que hace tiempo despierta enorme interés de las empresas petroleras y trae gran inseguridad a los pueblos indígenas que habitan en la región. Ahora mismo, el principal foco de problemas se encuentra en Perú, donde gran cantidad de lotes concesionados a compañías petroleras están sobrepuestos a estos territorios.

Actualmente, las principales amenazas al territorio Matsés en Perú son los lotes 135 y 137, concesionados en 2007 por Perupetro, la agencia estatal reguladora en Perú, encargada de los contratos de explotación de hidrocarburos. Los contratos, de 40 años de duración, fueron firmados con la empresa Pacific Stratus Energy S.A., cuya sucursal en Perú es una subsidiaria de la Pacific Exploration & Production Corporation, empresa canadiense que también opera en Colombia, Guyana, Guatemala, Belice y también Brasil.

El lote 135 se sobrepone a un gran área del Parque Nacional Sierra del Divisor, a la casi totalidad de la propuesta de Reserva Territorial Yavarí-Tapiche (para los aislados) y también a una parte de la Reserva Nacional Matsés. Más al norte, el lote 137 se sobrepone al 36% de la Reserva Nacional Matsés y al 49% de la CNM, según el peruano Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico (Cedia). Y aún, los dos lotes hacen frontera con Brasil, pegados, por lo tanto, a los límites de la TI Vale do Javari, hecho que explica la preocupación de otros pueblos indígenas habitantes de la zona frente a la posibilidad de explotación de petróleo.

Mapa de la zona de los lotes 135 y 137, que se superponen al territorio Matsés.

Mapa de la zona de los lotes 135 y 137, que se superponen al territorio Matsés.

Desde el principio, cuando se dio la concesión a los lotes 135 y 137, los Matsés ya expresaban su oposición a la explotación de petróleo en su territorio – actividades de explotación en los años 1970 y 1980 dejaron serios impactos para el pueblo Matsés en ambos países. En 2009, esa posición fue reforzada por el I Encuentro Binacional Matsés Brasil-Perú, cuando los Matsés que viven en Brasil, representados actualmente por la Organización General Mayoruna (OMG), y en Perú, representados por la Comunidad Nativa Matsés, se reunieron formalmente por primera vez para fortalecer sus lazos en la lucha por la protección de su territorio tradicional. “La reunión binacional Matsés, que tiene lugar todos los años, es una alianza estratégica para la lucha contra la explotación de petróleo en nuestro territorio”, explica Félix Mebu Tumi Menque, joven liderazgo en la aldea Buenas Lomas Nueva, en la CNM.

Las reuniones siguieron y, con el tiempo, los Matsés reforzaron su acción política conjunta en la protección de su territorio. La presencia de las autoridades de los Estados de Perú y Brasil en las reuniones muestra la disposición de las comunidades indígenas para el diálogo, incluso sin que sus derechos hayan sido efectivamente respetados hasta el momento.

“Sabemos que el estado no conoce la situación en que vivimos. A pesar de que somos los guardianes de esta frontera viva, no tenemos el reconocimiento del gobierno peruano”, dice Félix Mebu. Nuestra alianza parte del entendimiento que compartimos acerca del concepto de territorio entre los Matsés en Brasil y Perú. “Los Estados de Brasil y Perú separaron a los indígenas, pero hemos notado que los problemas de un lado también llegan a la otra orilla, y fue así que decidimos por las reuniones binacionales. Es un espacio que conquistamos”, añadió Raimundo Mean Mayoruna, presidente de la OGM, que vive en la comunidad Soles, en el lado brasileño.

Lideranças acompanham a VI Reunião Binacional Matsés Brasil-Peru (Foto: Rafael Nakamura / Acervo CTI)

Los líderes acompañan a la VI Reunión Binacional Matsés Brasil-Perú (Foto: Rafael Nakamura / Acervo CTI)

En 2016, la Binacional Matsés llegó a su sexta edición. Celebrada entre el 5 y 7 de abril, en la comunidad Treinta y Uno (TI Vale do Javari), la reunión contó con la presencia del presidente de la Funai, João Pedro Gonçalves, además del representante del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil (MRE) para cuestiones de los pueblos indígenas, Marco Tulio Cabral. Una vez más, el documento final rechaza toda y cualquier actividad petrolera dentro de las tierras Matsés, y pide que la Funai, en diálogo con el MRE, transmita la posición de los Matsés acerca de los impactos de la exploración sísmica en los lotes 135 y 137 a los órganos del Estado peruano.

Resistiendo al petróleo

Durante la reunión de este año, los discursos contra la explotación petrolera se repitieron entre los líderes de varias comunidades. El rechazo de los Matsés a las actividades petroleras en su territorio se explica por la visión indígena de que es una amenaza a su buen vivir, ya experimentado por ellos en el pasado. “¿Por qué desearía yo contaminar a mi tierra? Quiero que mis hijos crezcan en esta tierra y se puedan mantener solos”, dijo Gilberto Tumi Mayoruna, segundo cacique en la aldea Nueva Esperanza, TI Vale do Javari. “Cuando explotan petróleo, destruyen todo, mueren animales y peces. Nosotros, indígenas, no hacemos esto”, argumenta.

La nueva forma de hacer política – mediante el establecimiento de canales de diálogo con la sociedad no indígena – no excluye formas tradicionales de resistencia de un pueblo que se entiende como “guerrero” y que guarda en su territorio la memoria de los antepasados. “En esta tierra vivieron mis padres, y antes vivieron sus padres, esta tierra es nuestra. Los de fuera dicen que lo que está debajo de la tierra es de ellos y sólo el de arriba es nuestro, pero en realidad, todo es de los Matsés”, afirma Rómulo Tëca, liderazgo de la comunidad Puerto Alegre, en la CNM. “No me gusta lo que está diciendo el Estado, ellos están amenazando a nosotros, quieren dar fin a nuestro pueblo. Vamos a mostrar como somos guerreros. El Estado aquí somos nosotros, que vivimos en esta tierra”, añade.

La insistencia del Estado peruano en mantener los contratos de los lotes, contrariando las sucesivas negativas de los Matsés en autorizar cualquier actividad de explotación en su territorio, es el principal factor de revuelta o inquietud. Los contratos de concesión de los lotes firmados con Pacific Stratus Energy en 2007 no fueron precedidos por un proceso de consulta a los pueblos indígenas de la región.

En Perú, no existe ningún impedimento legal para la concesión de bloques de explotación de petróleo en territorios indígenas, incluso en el caso de reservas para pueblos en aislamiento voluntario y de recién contacto. Aunque el Estado peruano sea signatario de la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, sus concesiones con frecuencia son hechas sin consultar a los pueblos afectados.

Por otro lado, la propia “Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas o Originarios” (Ley Nº 29785) y su reciente reglamentación han sido criticados por los pueblos indígenas en Perú, por no haberse llegado a un acuerdo con las organizaciones indígenas y por no haberse incorporado sus observaciones. Todo esto genera un cuadro de insatisfacción y potencializa conflictos. “He visto a senderos de los petroleros y me puse muy irritado, no están respetando nuestro pueblo, están pasando por en cima de nuestra tierra”, insiste Rómulo Tëca.

En 2009, Perú vivió sorprendentes episodios de conflicto entre los pueblos indígenas y las fuerzas de seguridad del Estado, ocasionados justamente por la explotación de recursos naturales (incluso petróleo y gas) en los territorios indígenas. Buscando viabilizar la aplicación del tratado de libre comercio entre Perú y Estados Unidos, el gobierno del entonces presidente Alan García llevó a cabo una serie de cambios en la legislación peruana, a través de un paquete de decretos legislativos. Los cambios permitían la explotación de recursos naturales en la Amazonía peruana y violaban los derechos garantizados a los pueblos indígenas en Perú. Como respuesta, los indígenas dieron luz a una jornada de protestas sin precedentes en la Amazonía peruana, a partir de agosto de 2008.

Los meses siguientes fueron marcados por la indisposición del gobierno peruano en dialogar con los pueblos indígenas, lo que culminó con nueva jornada de protestas pacíficas. La respuesta del gobierno fue accionar a la policía nacional para poner fin a los cortes de carreteras en la ciudad de Bagua, norte de país, el 5 y 6 de junio 2009. La violenta represión estatal dejó decenas indígenas muertos y desaparecidos, a parte los más de 20 policías muertos y cientos de heridos y detenidos. El episodio se conoció como Baguazo, o la Masacre de Bagua. Los manifestantes eran principalmente de los pueblos Awajun y Wamba, interesados en hacer notar que los cambios de Alan García facilitarían la entrada de multinacionales en sus territorios. Hasta hoy, algunos de los líderes indígenas son demandados y perseguidos políticamente por el Estado peruano.

Repressão no Massacre de Baguá deixou dezenas de vítimas entre os indígenas (Foto: Associated Press)

El masacre de Bagua dejó decenas de víctimas entre los indígenas (Foto: AP)

Los conflictos relacionados con la explotación de petróleo no son novedad para los Matsés y otros pueblos indígenas del Vale do Javari. En los años 1970 y 1980, la presencia de las compañías petroleras se intensificó con la realización de encuestas, perforaciones de pozos y apertura de senderos de prospección sísmica por la Petrobras, en el lado brasileño, y por las empresas Atlantic Richfield Company (ARCO), Servicios de Explotación de Petróleo (Sexpet) y Amoco, en Perú. En aquel momento, hubo contacto indirecto entre indígenas y funcionarios de las empresas, hasta que, en 1983, un empleado de Petrobras fue flechado por indígenas en aislamiento en el río Jandiatuba, un afluente de la orilla derecha del río Solimões.

En marzo de 1984, un nuevo aviso de los indígenas: otro trabajador flechado, esta vez en el arroyo San José, un afluente del río Itacoaí. Las actividades de prospección han proseguido, y al año siguiente, en septiembre de 1984, un funcionario de la Funai y otro de la Sociedad Brasileña de Geofísica, que seguían a un equipo de la Petrobras, fueron asesinados. Solamente así, la Petrobras suspendió sus actividades, dejando huellas que pueden encontrarse hasta hoy día, tales tambores de almacenamiento y senderos y claros en la floresta.

El contacto de algunos grupos Matsés se dio en este contexto, y la experiencia fue transmitida a los que vinieron después. “Los estudios sísmicos han causado impactos ambientales y han traído enfermedades desconocidas. Los Matsés no sabían cómo tratarlas”, dice Félix Mebu. Algunos, ya ancianos, guardan recuerdos de lo que vivieron o de lo que escucharon de sus padres. “Para sacar petróleo, los investigadores detonaban bombas en la tierra. Hubo muchas muertes por diarrea, fiebre, dolores de cabeza, unas diez familias han perecido. No había Funai, no había cuidados médicos”, recuerda Waki Mayoruna, cacique de la comunidad Lobo.

Protección a los aislados

El histórico vivido por los Matsés, suerte de trauma colectivo, justifica su firme posición de rechazo a la explotación de petróleo en su territorio y la preocupación con los “parientes” en aislamiento voluntario. “Hay informaciones acerca de aislados en la región y estamos preocupados. Nosotros tratamos de divulgar su existencia porque ellos no tienen canales para decir ‘yo vivo aquí, aquí es mi tierra’”, explica Raimundo Mean.

Según el Informe técnico del CTI acerca de la presencia de aislados en el alto Yaquerana, existen datos relativos a la ocupación contemporánea del área de la cuenca del río Batã y cabeceras de afluentes del río Yaquerana y Curuçá por los indígenas en aislamiento. Los datos ya fueron confrontados y trabajados por una expedición de la Funai: “Dicha expedición, de 2014, duró alrededor de 15 días. Fuimos a la cabecera del Yaquerana, cerca de la Sierra del Divisor, donde hicimos expedición por tierra y vimos numerosos vestigios de la presencia de aislados, sobre todo senderos, que son siempre lo más evidente”, explica Iltercley Chagas Rodrigues, coordinador técnico local de la Funai de Atalaya do Norte (ciudad del AM), que trabaja junto a los Matsés del río Yaquerana.

El servidor de la Funai menciona una segunda expedición que también logró identificar vestigios de indígenas en aislamiento. “En el arroyo Paraguay, la expedición registró evidencias que comprueban el testimonio y relatos históricos de los Matsés acerca de la presencia de aislados. En las orillas, hallamos cerámicas que probablemente son de uso continuo de los aislados en los períodos de reflujo del río, cuando las ‘playas’ se convierten en ambientes de morada”, dice Iltercley. Nuevos trabajos de localización se están desarrollando ahora por la Funai, a fin de calificar las informaciones sobre los indígenas en aislamiento, lo que puede llevar al su reconocimiento por el Estado brasileño.

En Perú, varias fuentes también mencionan la existencia de “aislados” en las cuencas de los ríos Yaquerana, Yavarí y Tapiche. A pesar de la consistencia de las informaciones, el Estado peruano nunca ha adoptado medidas eficaces para proteger a los pueblos en aislamiento voluntario. Por el contrario, sigue su política de concesiones forestales madereras en dichas zonas. “Queremos que el gobierno peruano reconozca el territorio de nuestros hermanos en aislamiento voluntario dentro del Parque Nacional Sierra del Divisor. Nosotros, como sus protectores, queremos que el Estado tenga en cuenta nuestra propuesta de la Reserva Indígena Yavarí-Tapiche en el Plan Maestro del parque”, sostiene Félix Mebu.

Incluso el Estudio de Impacto Ambiental para la prospección sísmica y perforación exploratoria del lote 135 reconoce la presencia de “aislados” al establecer un protocolo de contacto con pueblos en aislamiento voluntario. El documento elaborado por la empresa Domus Consultoría Ambiental, a servicio de la Pacific Stratus Energy, no garantiza medidas eficaces contra enfermedades infecciosas que puedan acometer a los indígenas (ya que no tienen inmunidad para las enfermedades comunes a nosotros). Además, las medidas propuestas exponen indígenas y trabajadores a situaciones de riesgo, al sugerir que, en eventuales contactos, se utilice, por ejemplo, megáfonos para la comunicación y, en casos extremos, pistolas de señalización. “Hoy, nosotros estamos más integrados, pero, a pesar del contacto, seguimos teniendo problemas con las enfermedades que llegan. Nuestro miedo, como seres humanos, es que ellos [los aislados] puedan sufrir problemas más graves que los que vivimos”, dice Félix Mebu.

Actividad de alto riesgo

Otros pueblos indígenas en Perú no lograron evitar la explotación de petróleo en sus territorios. También al norte del país, los Achuar, por ejemplo, han sufrido durante décadas los efectos devastadores de las actividades de la empresa Occidental Petroleum (Oxy), que causaron muchas muertes prematuras entre los indígenas, problemas genéticos graves, así como la degradación directa del medio ambiente. La contaminación alcanzó las aguas de uso de los Achuar, en las cuales la empresa vertió conscientemente metales pesados como el cadmio, el plomo y el arsénico, de acuerdo con el reportaje de la entidad Amazon Watch. En 2006, un estudio realizado por el Ministerio de Salud de Perú demostró como casi todas las personas examinadas en las comunidades Achuar tenían niveles de cadmio por encima de lo aceptable.

La empresa Occidental Petroleum explotó el territorio Achuar entre 1971 y 2000, y recientemente fue condenada por un tribunal de Estados Unidos a pagar indemnizaciones a cinco comunidades Achuar. En 2000, la empresa fue asumida por la argentina Pluspetrol, que continúa violando los derechos de los pueblos indígenas y las normas internacionales para ejercer actividades de explotación petrolera. Ahora, además de los Achuar, también los pueblos Quechua y Urarina están demandando jurídicamente la Pluspetrol. “La relación de las actividades petroleras con la naturaleza ya lo dice todo. Las experiencias vividas en Ecuador, en Perú, son funestas. Aunque los técnicos digan que existen tecnologías y metodologías para minimizar los impactos sobre el medio ambiente, no veo cómo conciliar las dos cosas”, dice Eriverto Vargas (o Beto Marubo), coordinador del Frente de Protección Étnico-Ambiental Vale do Javari, de la Funai.

Muy recientemente, en febrero de 2016, una grave fuga en el principal oleoducto en la Amazonia peruana contaminó los ríos Chiriaco y Morona, ubicados en el departamento de Loreto, lo que llevó el gobierno a declarar estado de emergencia en 16 comunidades que dependían de estos ríos en el día a día. Los Matsés son muy conscientes del peligro que significa la explotación de petróleo para sus vidas y su territorio. Los riesgos son claros para todos los actores envueltos, incluso para las empresas. “Sabemos que las actividades de explotación de petróleo no poseen seguridad. Las empresas dicen que, ahora, la tecnología está más avanzada, pero en cualquier actividad de gran escala como esta, siempre hay problemas sociales, de salud, contaminaciones en la tierra, en el aire y en el agua de los ríos”, señala Raimundo Mean.

Queda ahora saber si los Matsés van a tener fuerzas para frenar los intereses de las gigantes multinacionales y de quiénes serán los derechos colocados en primer plano por los gobiernos de Brasil y Perú.

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